No comparto muchas de las opiniones de la Sra. Patricia del Río, columnista de Perú21, sin embargo, al leer su artículo, del pasado 09 de agosto de 2010 ("Correctitos"), no pude dejar de sentirme aludido cuando, buscando reformas sociales, en nuestro caso una reforma procesal penal, ciertos sectores ponen piedras en el camino, en tanto tendrían que dejar de lado prebendas y beneficios subrepticios y tildan a aquellos que buscamos un cambio como sobreprotectores de los delincuentes.

El latiguillo es que “el nuevo código es demasiado beneficioso para los criminales, se limita la labor de la policía, no muestra avances ni beneficios a la sociedad”, todas excusas recurrentes, que se han visto acentuadas con el favor de algunos personajes de la política, como la congresista Mercedes Cabanillas que presentó un proyecto de ley (Proyecto de Ley Nº 3205/2008, ingresado el 24 de abril del 2009) para que la dirección de la investigación preliminar recaiga en manos de las policía, prescindiendo de la intervención del Ministerio Público, protector de la legalidad dentro del proceso penal.

Lo “Políticamente Correcto” en nuestro caso, acorde a la autora de esta columna, sería apoyar la reforma, es decir, aquello que se "ve bien", pero, el trasfondo es otro: ilógico sería que estemos a favor del cambio de perspectiva de la administración de justicia penal sin tener en cuenta “lo real”, es decir, la descomunal carga procesal, la falta de recursos, de capacitaciones al personal y la corrupción contra la que se lucha denodadamente. La reforma no es una moda (como la ven algunos), como tampoco un negocio (como lo hacen muchos otros), es una necesidad imperante para nuestra que sociedad deje de ser (paso a paso) bárbara, corrupta y silente ante los problemas que azotan nuestro país.